En el Departamento de San Marcos (Guatemala) han sufrido ataques varias personas vinculadas a organizaciones de protesta contra las prácticas de Deocsa, subsidiaria de la empresa española de distribución de energía eléctrica.

Más concretamente, se han producido diversos incidentes entre la comunidad local y la empresa, que han desembocado en dos asesinatos. El 24 de octubre de 2009 fue asesinado a tiros en el municipio de Malacatán el dirigente sindical Víctor Gálvez, quien previamente ya había sido golpeado y amenazado el pasado mes de junio. El 13 de enero de 2010 fue asesinada Evelinda Ramírez, dirigente del FRENA (Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos de los Pueblos). Ambos se habían organizado para denunciar los abusos sobre los consumidores practicados por Unión Fenosa, empresa que está realizando cobros indebidos a través de un impuesto ilegal, como reconoció una sentencia de la Corte de Constitucionalidad en 2004.
John Ruggie, relator especial del Secretario General de Naciones Unidas, ha señalado que "es obligación del Gobierno del país de origen de la compañía, en este caso el español, hacer que empresas como Unión Fenosa respeten los derechos humanos más allá de sus fronteras".

Para Meyer, "el apoyo a los defensores humanos debe ser un elemento clave en la política de relaciones exteriores de la Unión Europea". Meyer reiteró su solidaridad y su apoyo a todos aquellos que se movilizan para denunciar los abusos de las multinacionales europeas en Latinoamérica. "Hay que denunciar la represión que están sufriendo estas organizaciones, y la UE no puede permanecer impasible ante estos hechos. Con casos como el de Evelinda Ramírez y Víctor Gálvez la UE tiene que dar la talla y hacer gala de su interés por el respeto de los derechos humanos, especialmente en un momento en el que se está planteando reanudar las negociaciones del Acuerdo de Asociación con Centroamérica".

El europarlamentario ha instado a la Comisión Europea que se pronuncie sobre las prácticas de Unión Fenosa en Guatemala, y a que solicite información a las autoridades guatemaltecas sobre estos asesinatos y al gobierno español para que aplique activamente medidas de protección de defensores de los derechos humanos.